E l pasado 31 de diciembre finalizó el semestre de la Presidencia española en la Unión Europea, a lo largo del cual destacaron los debates de fondo -no cerrados- sobre cuestiones ligadas al autoabastecimiento comunitario y la seguridad alimentaria, que pasan a la presidencia belga. Junto a estos temas de gran calado por su impacto en el sector productor y en millones de consumidores, la presidencia cerró dos cuestiones puntuales: el nuevo etiquetado en la miel para evitar fraudes y las normas sobre las indicaciones geográficas.

Al margen de coincidir estos meses con el inicio en la aplicación de la reforma de la PAC, en lo que afecta al sector agrario se puede hablar de un periodo complejo, tanto por las turbulencias en los mercados exteriores y su impacto sobre las economías comunitarias, como también por las propias divisiones en el seno de la UE a la hora de abordar cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad económica y medioambiental de las explotaciones agrarias.

Con carácter general, la actuación de la presidencia ha estado marcada por las próximas elecciones en el marco comunitario, donde se prevé un fuerte debate en cuestiones medioambientales, del territorio, la sostenibilidad de los suelos o el bienestar animal. Ante la división de posiciones en cada país y probable ascenso de los partidos medioambientalistas, los gobiernos más conservadores se han tentado la ropa en Bruselas a la hora de adoptar decisiones sobre este tipo de cuestiones aunque, sin embargo, sí se han dado avances para acordar reformas más profundas, pero sin compromisos cerrados.

Para lograr esos objetivos, Agricultura puso en marcha una estrategia de debates enfocada a lograr un equilibrio entre la sostenibilidad de la actividad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas y el mantenimiento del medio ambiente y la calidad de los suelos, siempre en el marco de la nueva Política Agraria Común.

Con el reto de lograr un incremento de las producciones para apoyar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria, la presidencia española impulsó los debates sobre las Nuevas Técnicas Genómicas para tratar de asegurar en el futuro las posibilidades de producir más con nuevas variedades resistentes a problemas como plagas o sequías. Córdoba fue el escenario inicial de los debates.

En la misma línea se halla la posición española en relación con la estrategia 'Biodiversidad 2030', en la que se contemplaba el impulso a los cultivos ecológicos, o 'De la granja a la mesa'; ambas iniciativas apuntan a una reducción en el empleo de productos fitosanitarios y zoosanitarios del 50% y del 20% en los fertilizantes. A estos planteamientos se sumaban las nuevas propuestas de normas sobre bienestar animal, por las que se contemplaba la eliminación de las jaulas, más espacio para cada animal en la explotación, precios más caros y la ampliación de las explotaciones para poder mantener la producción.

La posición defendida por la presidencia española ha sido un llamamiento al equilibrio en aras de mantener un adecuado autoabastecimiento y evitar una mayor dependencia exterior abriendo nuevos debates sobre esos temas y evitando su aplicación tal y como estaban planteados. La propia Comisión fue partidaria de un momento de reflexión sobre las propuestas iniciales para endurecer las nomas de bienestar animal por sus posibles efectos negativos sobre la oferta.

España se opuso, como lo hizo a su vez el Parlamento Europeo, al recorte planteado sobre el empleo de los productos fitosanitarios por sus posibles efectos en los rendimientos, misma causa por la que se rechazó la propuesta sobre bienestar animal en las granjas, que obligaba a las explotaciones a asumir una reducción en las producciones y un incremento de los costes. Donde sí habrá cambios es en la normativa sobre bienestar animal en el transporte con reducción de los tiempos, aumento de los descansos, más espacio para cada animal y más control de temperaturas, medida que afecta cada año a 1.600 millones de animales en toda la Unión Europea. En la presidencia se inició, asimismo, el debate sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Acuerdos concretos.

Al margen de esos debates de fondo, durante la presidencia hubo dos acuerdos concretos en materia de calidad y transparencia alimentaria: Comisión, Consejo y Parlamento dieron luz verde a una nueva regulación sobre las indicaciones geográficas para proteger la oferta de productos de calidad diferenciada para los consumidores y también para mejorar la rentabilidad de los productores. En el seno comunitario existen 3.626 indicaciones de calidad entre Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Protegidas, con una facturación de unos 80.000 millones de euros. España es el tercer país (tras Francia e Italia) en este tipo de figuras con 372, que alcanzan un valor en origen de casi 7.000 millones de los que más de 4.000 corresponden a los vinos.

Igualmente se logró un primer acuerdo sobre un nuevo etiquetado para la miel con el fin de lograr una mayor transparencia mediante la obligación de que figure en los envases el país de origen y porcentajes. Se trata de un movimiento que beneficia a los intereses de los consumidores y de muchos productores para evitar los fraudes.

En la política exterior, la presidencia española ha caminado en este periodo bajo la sombra de los problemas derivados de la invasión de Ucrania, los interrogantes sobre suministros en el mundo por la situación geopolítica y, en consecuencia, la necesidad de impulsar una estrategia para asegurar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria en el marco comunitario. La presidencia se cerró sin una respuesta clara a los intereses de los productores comunitarios frente a las importaciones desde terceros países en lo que se refiere a precios, volumen y otros aspectos, como las exigencias en calidad y uso de fitosanitarios, mucho menos restrictivas en territorio extracomunitario, lo que acarrea una pérdida de competitividad y, a la postre, una pérdida de explotaciones. Era la llamada cláusula espejo, que ha quedado aparcada. Para España, el principal problema está en las frutas y hortalizas que llegan desde terceros países, especialmente de Marruecos.

España no dio ningún vuelco a la política agraria, algo imposible, pero sí logró aplazar y abrir debates sobre medidas que habrían recortado las posibilidades de autoabastecimiento y de seguridad alimentaria, aumentando la dependencia exterior con los riesgos que ello conlleva para una sociedad de bienestar.