Tras su aprobación inicial en el último Pleno ordinario del pasado 28 de octubre, la ordenanza reguladora del futuro Centro Municipal de Asociaciones de Cuenca se encuentra expuesta al público, desde el pasado día 7 y durante 30 días hábiles, para que pueda ser examinada por la ciudadanía y presentar alegaciones si se considera oportuno.

Un texto que viene a marcar las normas para el acceso de las asociaciones de la ciudad al uso de las dependencias de este futuro recurso municipal, que se ubicará en el único edificio en pie del antiguo colegio de La Paz, ya desafectado. 

De hecho, no podrá optar cualquier asociación a ocupar alguno de los espacios de este centro, ya que está destinado a «aquellas sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cuenca para el desarrollo de las actividades de interés público, ya sean culturales, educativas, deportivas, etc., que le sean propias a sus estatutos».

Además, esa cesión de espacio a cada asociación tendrá una duración máxima cuatro años y, aunque tendrá carácter gratuito, el colectivo beneficiario sí tendrá que hacer frente a los gastos de mantenimiento, limpieza, telefonía, internet, etc.

Sanciones. La ordenanza también recoge un régimen sancionador, en el que tipifica las distintas infracciones en leves, graves y muy graves, que contemplan desde una amonestación hasta la rescisión de la autorización, así como sanciones que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros.

Así, entiende por una infracción leve ocasionar daños en las instalaciones por importe inferior a 300 euros, lo que se sanciona con una amonestación y/o multa de entre 100 y 750 euros.

Considera, por otro lado, una infracción grave, provocar destrozos en las dependencias por importe superior a los 300 euros, la ocupación del local una vez extinta la cesión o el desarrollo de actividades distintas a las autorizadas. En este caso, se contempla una sanción de 751 a 1.500 euros, que podría ir aparejada con la rescisión de la autorización del uso del centro.

Y, por último, determina como muy grave provocar daños en las instalaciones por importe superior a los 1.000 euros, ceder el local o usarlo sin la correspondiente autorización. En estos supuestos, se habla de multas de 1.501 a 3.000 euros, junto a la rescisión de la autorización y la imposibilidad de ser beneficiario del centro durante un mínimo de tres años.

La ordenanza establece que la Junta de Gobierno será el órgano que sancione las infracciones.