Siete escaños tienen la culpa de que nos encontremos en un callejón sin salida. De siete escaños depende – con Puigdemont crecido y con la sartén por el mango – que el futuro de nuestro país quede en manos de un delincuente amnistiado o al albur de unas nuevas elecciones. Estamos en una disyuntiva difícil: la amnistía y la negociación sobre otro referéndum dejan muy tocado al modelo constitucional de 1978; y unas nuevas elecciones dejarían también tocado y trastocado al presidente en funciones.
La única alternativa válida – aunque también la menos probable – es que socialistas y populares se sienten en una mesa y tomen una decisión que aplaudiría una gran mayoría de españoles: un gobierno en minoría, con apoyos y acuerdos puntuales en asuntos de Estado. No caerá esa breva, pero, si llegara a caer, sería la mejor manera de fortalecer nuestro estado de Derecho y nuestra democracia.
Si, como pretende Sánchez, mañana se aprueba una amnistía y más adelante se abre otra puerta al referéndum de autodeterminación, nos estaremos cargado uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por siete votos, pondríamos en cuestión nuestro actual ordenamiento jurídico y dejaríamos en manos de una minoría – desleal y excluyente – el control de un poder que no les corresponde.
El relato que intentan imponer los partidarios de la investidura de Sánchez, utilizando los eufemismos que mejor disfrazan la cuestión de fondo - concordia, convivencia, diálogo, encuentro, mano tendida, pasar página, pacificación, confianza, etc. – oculta de una cuestión fundamental: ni Puigdemont, ni Junqueras han pronunciado todavía la palabra arrepentimiento. 
Tampoco han pronunciado nunca la frase «no volverá a ocurrir», que pronunció con mucho sentimiento, aunque con nulo cumplimiento, el Rey Emérito. Todo lo contrario, ellos están todavía en el «ho tornarem a fer». Volveríamos a hacerlo, Que es lo mismo que decir: «volveremos a delinquir». 
Ni el más mínimo arrepentimiento, después de atropellar la legislación vigente. Ni un gesto hacia el Estado opresor, con lo fácil que sería decirle al resto de los españoles: «no tornarà a pasar». Y, si luego pasa, pues se le saluda.
Otro aspecto de la negociación con Puigdemont es que Sánchez sólo se ha consultado a sí mismo para proponer la amnistía. No ha pedido opinión a nadie. 
Ni a los millones de ciudadanos que creyeron en su palabra (¿?) cuando habló de que nunca, jamás, se concedería una amnistía.