El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que no permitirá a las empresas que quieran extraer tierras raras llevar a cabo esta acción en la región si no cumplen con la Ley ambiental de la comunidad autónoma, al tiempo que exigirá que las industrias asociadas a las mismas se queden en el territorio regional.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista a Europa Press la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a propósito del proyecto de investigación de Quantum Minería para buscar tierras raras en la provincia de Ciudad Real y que, ha dicho, supondrá hacer una serie de catas en el suelo para comprobar si existe este material que están buscando.

"Existe una consulta pública en la cual cualquier individuo, organización, ayuntamiento y colectivo, podrá presentar sus consideraciones oportunas y una vez que estamos estudiando todas estas alegaciones que se hayan presentado, elaboraremos el documento de alcance que permitirá evaluar ambientalmente si es posible o no realizar el proyecto de investigación que ha presentado la empresa Quantum", ha sostenido.

Así que ha indicado que hasta que el resultado de este documento no se conozca no se aventurará a decir si va a ser posible o no que este proyecto se lleve a cabo. "Si existe la posibilidad de contar con materias primas que son necesarias para los sectores industriales, es siempre una buena noticia. Pero tienen que ser siempre compatibles con el entorno natural y la legislación ambiental regional".

"Por lo tanto, no va a existir connivencia con ninguna empresa", ha dejado claro, para hacer una advertencia a aquellas empresas que quieran hacer extracciones de materiales raros y decirles que, pudiendo cumplir los requisitos ambientales, el Gobierno de Castilla-La Mancha les va a exigir que la industria asociada a la utilización de esos minerales, se instale en Castilla-La Mancha.

No obstante, la consejera ha dicho que si estas empresas cumplen con la ley regional, el Gobierno castellanomanchego no tendría capacidad de poder decir que no pese a lo que ha pedido tener en cuenta la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental para que los municipios puedan valorar previamente si están de acuerdo o no con el desarrollo de un proyecto que sea sometido a evaluación ambiental.

También ha pedido tener en cuenta que este tipo de minería es "muy incisiva" en el territorio y que hay que tener "mucho cuidado" y planificar muy bien dónde puede ir. "Tenemos, desgraciadamente, muchas experiencias de minas que, después de hacer la extracción se han ido y luego ha costado muchísimos millones de euros a todos los ciudadanos el poder recomponer el desastre que se ha producido".

Decreto para valorizar estiércoles de macrogranjas. Preguntado por el decreto que permita regular la gestión de los estiércoles de las macrogranjas y que ello diese pie a levantar la moratoria antes del plazo establecido, que finaliza el 31 de diciembre de este año, ha apuntado que ya están listos algunos borradores de lo que podría ser ese documento y que se están negociando ahora mismo con todas las organizaciones y con todos los colectivos que se ven afectados.

"Es necesario que salga con el máximo consenso posible y que sea un decreto que realmente satisfaga todas las necesidades porque hay que aunar también la posibilidad de utilizar este tipo de purines y también otro tipo de estiércoles para su valorización a través de plantas de biogás y de biometano, que elaborarían no solo ese gas, sino además un digestato que permitiría volver a ser utilizado en la agricultura", ha argumentado.

Eso, ha dicho, conlleva el poder cerrar un círculo de la forma "más adecuada posible" no solo con las organizaciones agrarias y ganaderas, sino también con los representantes sectoriales de la industria agroalimentaria asociada al ganado, tanto vacuno como porcino, y que la Junta esté negociando también el sector industrial, "con la finalidad de que podamos tener una normativa que satisfaga todas esas necesidades".

"Eso nos está llevando un poco más de tiempo", ha reconocido la consejera, que ha admitido que "es muy probable" que se vaya a agotar el plazo establecido del 31 de diciembre de este año. "Si podemos adelantarlo, lo intentaremos, pero no queremos correr porque queremos ser muy eficientes en la norma que queremos publicar y, además, con el máximo consenso y con la máxima formación e información a todos los afectados".