La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, integrada por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, ha denunciado la posible exclusión de los criterios de despoblación y orografía dentro de la futura reforma del modelo de financiación autonómica, por lo que han reclamado su inclusión.

Según advierte este grupo de presión contra la despoblación, si no se tienen en cuenta estas problemáticas, se estaría discriminando «al 30 por ciento del territorio nacional», lo que en su opinión perpetuaría los desequilibrios territoriales y dejaría sin apoyo a las provincias que más lo necesitan para su desarrollo, especialmente en el medio rural.

En este sentido, califican de «contradictorio» que el Gobierno esté hablando en estos momentos de una nueva estrategia para el reto demográfico para seguir avanzando en la equidad socio-territorial de España y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural, y por otra parte, desde el Ministerio de Hacienda se esté haciendo lo contrario, al limitar los recursos económicos a zonas despobladas.

Por lo tanto, desde la Red insisten en que, con esta decisión, estaría dándose «un duro varapalo» a las políticas para frenar la despoblación y también para impulsar el desarrollo rural en territorios afectados por este problema, a pesar del reconocimiento de la Comisión Europea, que ha reconocido a Soria, Cuenca y Teruel como las zonas más aquejadas por estos problemas.

cartas a sánchez y montero. Como consecuencia de estas críticas, las patronales han enviado sendas cartas para pedir reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta cuestión.

A su vez, reiteran su solicitud de que se aumenten al máximo las ayudas de funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, dado que han demostrado «ser una herramienta clave para fomentar la actividad empresarial, generar empleo y frenar la despoblación». Recuerdan que las normativas comunitarias establecen todavía «un amplio margen» al Gobierno de España para poder mejorar estas bonificaciones hasta el 20 por ciento de los costes laborales».