El año 2023 fue sin duda el más conflictivo en la Justicia española, con dos huelgas y una tercera que se quedo en 'amago'.

A finales de enero daba comienzo la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), a mediados de abril se iniciaban los paros parciales de los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, que finalmente en la segunda mitad de mayo se convertirían en huelga general, y, en medio de todo esto, a mediados de mayo, hubo un conato de huelga de jueces y fiscales.

Una conflictividad laboral que, sin duda, pasaba factura a la Administración de Justicia con la suspensión de juicios y otros trámites judiciales y de la que no se ha salvado el turno de oficio, tal y como asegura a La Tribuna el decano del Colegio Oficial de la Abogacía de Cuenca, Ismael Cardo, quien precisa que, a lo largo de 2023, se han presentado en Cuenca un total de 2.217 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 19 por ciento menos que en el ejercicio anterior de 2022.

Las jurisdicciones de lo Penal y lo Civil aglutinan más del 80% de las solicitudes de turno de oficio. - Foto: Elaboración propia

Una tendencia a la baja, no obstante, que, según aclara el decano conquense, no se reduce a este 2023, sino que, desde que se alcanzó el pico de solicitudes en 2021, se ha venido experimentando un descenso constante hasta llegar a las actuales cifras del recién finalizado 2023.

Este servicio en Cuenca está gestionado por el Ilustre Colegio de la Abogacía, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, y a él están adscritos en la actualidad en la provincia un total de 120 abogados, a los que se suman unos 71 letrados adheridos a la asistencia jurídica al detenido, dentro de la jurisdicción Penal; es decir, tal y como precisa Cardo, «el que un abogado acuda cuando alguien ha sido detenido y prestarle la asistencia jurídica debida».

En sentido, el decano conquense detalla que la pertenencia al turno de oficio, aunque la ley dice que es obligatoria para todos los colegiados y eso se aplicó así al inicio de la norma al no haber suficientes abogados en este servicio, «ahora, al haber suficientes, ya es voluntario e, incluso, cada uno elige orden jurisdiccional».

No obstante, subraya que, de manera general, todos los abogados de turno de oficio en la provincia atienden todos los órdenes jurisdiccionales, si bien, aclara, que «existen algunos pocos que se han inclinado exclusivamente por lo Penal».

Por órdentes jurisdiccionales. Así las cosas, el descenso de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en 2023, a través del turno de oficio, no ha sido homogénea, al igual que no lo es su distribución por jurisdicciones.

Y es que más de la mitad de las designaciones de turno de oficio se dieron en la jurisdicción de lo Penal, con 1.332, seguidas de las 640 de lo Civil, las 214 en Violencia de Género, las 112 de lo Social y las 70 de lo Contencioso-Administrativo.

Cifras que denotan un comportamiento totalmente dispar, ya que mientras en lo Penal y lo Civil, que concentran más de ocho de cada diez peticiones de turno de oficio, se ha registrado una caída del 15%; en lo Social han subido un 11%; en Violencia de Género, un 36,9; y en lo Contencioso-Administrativo, por último, se ha pasado de 0 a 70. 

En definitiva, considerable descenso del turno de oficio en Cuenca, que se agrava más, si cabe, ante las precarias condiciones que vienen arrastrando, según denuncia el propio colectivo.

«La ley necesita actualizarse». El decano de los abogados conquenses, Ismael Cardo, insiste en que desde hace años se viene reclamando por el colectivo del turno de oficio una actualización de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con un aumento de los baremos de retribuciones y del presupuesto del Estado destinado a este servicio, sin olvidar, por supuesto, que se paguen todas las actuaciones judiciales que lleven a cabo estos abogados.

Y es que, según explica, la partida presupuestaria del turno de oficio no ha subido ni siquiera el IPC desde hace, al menos, diez años, a lo que se suma el hecho de que los cambios legislativos en el procedimiento judicial no se han contemplado en los baremos de retribuciones, de tal manera que, no se pueden cobrar, como es el caso, por ejemplo, de los juicios de faltas.

Se pide, asimismo, «aumentar el número de abogados adscritos a la prestación del turno de asistencia al detenido, que está limitado de acuerdo a criterios de hace años, que nada tienen que ver con la realidad actual de la litigiosidad», afirma.