En su día, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström, no vaciló en acusar directamente a la Guardia Civil de la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en Ceuta el pasado mes de febrero. Una declaración que le valió una denuncia de la Benemérita, pese a su rectificación posterior. Sin embargo, la misma dirigente rechazó las invitaciones del Gobierno de Mariano Rajoy para conocer in situ la situación de Ceuta y Melilla, y se limitó a asegurar que Bruselas estudiaría la petición de ayuda financiera urgente que realizó a España para tratar de frenar el problema fronterizo. Tras meses de silencio, ayer la política continental volvió al centro de la polémica al avisar al Ejecutivo popular de que no puede usar la fuerza para impedir que los inmigrantes irregulares crucen las fronteras de Ceuta y Melilla.

«Las medidas de vigilancia de los límites territoriales deben ser proporcionadas y solo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas; no debe recurrirse a la violencia para disuadir del cruce de fronteras no autorizado», subrayó Malmström en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de Bildu, Josu Juaristi.

El político vasco aseguraba en su pregunta que «la situación en las vallas de las ciudades autonómicas continúa agravándose» y que, «además de las expulsiones sumarias de personas que se encontraban en territorio español, se han producido decenas de heridos, incluso fallecidos, debido a las agresiones realizadas por las Fuerzas de Seguridad». En este sentido, se remitía a los testimonios recogidos por la ONG Prodein sobre los intentos de salto del 13 y el 30 de agosto.

 «La Comisión ha entablado un diálogo con España para abordar la situación de Ceuta y Melilla, incluso en lo que se refiere a la aplicación de la directiva sobre el retorno a las personas interceptadas al cruzar de forma irregular la frontera», explica la responsable de Interior en su respuesta, en la que aclara que Bruselas «no está estudiando el envío de una misión de observación a estos lugares».

Asimismo, Malmström resalta que «la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo».

«No se vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el derecho de la Unión Europea», remarca la dirigente en un aviso claro hacia el Gobierno.

Horas antes de que se conociera la respuesta de la comisaria comunitaria, el titular de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó que el país tiene «el derecho y el deber de proteger la inviolabilidad de sus fronteras». «España es un Estado de Derecho por lo que se entra de manera legal, a través de los espacios fronterizos habilitados al efecto y no se debe acceder de manera ilegal, masiva y violenta», remarcó el popular, quien recordó que Ceuta y Melilla «son ciudades nacionales».

Por otro lado, el ministro destacó que reconoce y valora el «esfuerzo» que las Fuerzas de Seguridad realizan en «condiciones muy complejas» para, «en cumplimiento de la ley, garantizar la inviolabilidad de nuestras fronteras».

En esta línea, explicó que, en las ultimas imágenes de los saltos masivos a la valla, se ve cómo los inmigrantes aseguraron a los agentes de la Guardia Civil que tenían ébola, «lo que demuestra que han tenido un entrenamiento y planificación muy profesional» porque, tras ellos, «hay mafias criminales que se aprovechan de su situación desesperada».