El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar ha acordado la apertura de juicio oral al exalcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, así como a dos de sus concejales, Francisca Cebrián Navarro y Jesús García Sáiz. Los acusados se enfrentan, tal y como ha solicitado la Fiscalía, a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando en la licitación de unas obras, los tres acusados no siguieron el procedimiento legal que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, "a pesar de su experiencia y a sabiendas", según recoge la propia Fiscalía en su escrito. El procedimiento judicial se iniciaba en abril de 2021, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento quintanareño, José Talaya, interponía una querella por un presunto delito de prevaricación.

El 14 de marzo del pasado año, el juez dictaba un auto en el que, después de practicar las diligencias oportunas del proceso, con las declaraciones de acusados, acusación y testigos, exponía que las actuaciones practicadas permitían presumir de forma indiciaria la comisión de un delito de prevaricación de los investigados (antigua figura de imputados) y daba traslado a la fiscalía y a la acusación particular para que procedieran a emitir el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral.

Ha sido finalmente este mes de junio, en concreto el pasado día 7, cuando el juez, visto el escrito de acusación de la Fiscalía, ha acordado la apertura de juicio oral contra los citados Martín Cebrián, exalcalde de la localidad de 2007 a 2015 y durante la pasada legislatura, y también contra los concejales Francisca Cebrián y Jesús García por el delito de prevaricación, declarando como órgano competente para juzgar la causa a la Audiencia Provincial de Cuenca.

La querella que interpuso el exportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Talaya, fue debida a "la ilegal forma en la que se adjudicó y ejecutó un concurso público cuyo objeto era un contrato mixto de suministros y obras para la dotación de instalaciones complementarias en un auditorio multiusos", tal y como recoge el PP en una nota de prensa remitida a esta redacción.

El representante del PP alertó de que el entonces alcalde y sus dos concejales "se saltaron toda la normativa legal de la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación y ejecución de esa obra fue la gota que colmó el vaso de una forma de gobernar autoritaria, pasando por encima de la Ley. El escrito de acusación de la Fiscalía corrobora todos y cada una de las presuntas ilegalidades reflejadas en la interposición de la querella", señala Talaya.

"Aunque la justicia es lenta, al final llega y este asunto debe ser un punto de inflexión en la manera de gobernar en Quintanar. Nadie está por encima de la ley y los gobernantes públicos deben ser ejemplo para la ciudadanía. En el caso que nos atañe, pese a haber transcurrido ya tres años, la justicia pondrá las cosas en su sitio", ha señalado Talaya, quien ha querido hacer hincapié en que "el concejal imputado Jesús García Saiz, que todavía ejerce como tal en el Ayuntamiento, debería dejar su acta de inmediato en base al propio código ético de su partido, el PSOE", ha concluido.