Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha valorado que la proposición de ley de Estatuto de Autonomía que se ha registrado en las Cortes recoja los "cambios relevantes" que en las últimas cuatro décadas ha experimentado la sociedad en lo relacionado a la discapacidad y los servicios sociales, así como que esté redactado con un lenguaje inclusivo.
En declaraciones a EFE, el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha afirmado que para el colectivo de la discapacidad, la proposición de estatuto que este lunes se ha registrado en las Cortes, es "un paso adelante", porque "un estatuto con 40 años necesita ser reformado, necesita ser actualizado para acompasarlo a lo que demanda y evoluciona la sociedad".
También ha subrayado que en el colectivo de las personas con discapacidad se han producido cambios relevantes, así como en lo relacionado con los servicios sociales, y en el lenguaje actual, ya que no se utilizan "otras palabras, que son cosas del pasado y actualmente sonarían peyorativas o insultantes".
De este modo, Collado ha celebrado que el estatuto suprima el término 'minusválido' y se emplee 'persona con discapacidad', en la línea de la reforma de la Constitución de hace unos meses, y ha destacado que fue una medida que había sido "muy demandada" por Plena Inclusión y otras organizaciones de la discapacidad.
Por ello, ha añadido que "no tiene sentido" que una vez cambiado en la Constitución, se pudieran mantener en el Estatuto de autonomía esas palabras.
Collado ha reivindicado que el término 'persona con discapacidad' es lo que está jurídica y socialmente aceptado, ya que "las personas con discapacidad han aceptado este término y han decidido llamarse así", a pesar de que "hay otros términos que se utilizan, pero no son los más adecuados, aunque puedan parecer modernos", toda vez que ha señalado que la ONU y la ley de personas con discapacidad así lo recoge.
Asimismo, ha subrayado que en cuarenta años ha cambiado el modo de atender a las personas con discapacidad, así como el compromiso de la sociedad y de las administraciones públicas, por ello ha valorado que en las normas también se recojan estos compromisos y los nuevos servicios que se prestan, para que estén garantizados "y no se pongan en cuestión".
"Que se dé prioridad a determinados colectivos es una deuda pendiente, en este caso con las personas con discapacidad", ha destacado Collado.
Además, se ha mostrado dispuesto a "tener voz en este proceso" y ha avanzado que trasladarán a los distintos grupos políticos sus propuestas, ya que es "una oportunidad para que queden garantizadas cuestiones como el modelo de financiación", con el objetivo de que no se pueda poner en cuestión en el futuro y las políticas con discapacidad puedan evolucionar.
Por todo ello, Collado -que ha recordado que Plena Inclusión aglutina a 60 organizaciones y atiende a 9.000 personas con discapacidad- ha considerado que la organización que representa tiene "la obligación y el deber de estar en estos procesos y los partidos tienen la obligación" de contar con ellos.