El sector cerealista lleva unos años complicados. A la sequía que ha marcado las dos últimas cosechas se han unido circunstancias económicas y geopolíticas que han empeorado la situación y se han traducido en bajos precios en origen, en un aumento sostenido de los costes de producción y en un incremento de las importaciones, sobre todo procedentes de Ucrania. Por ello Unión de Uniones exige ayudas directas y la activación del fondo de crisis europeo para los productores de cereales.

Desde comienzos de este año, los precios de los principales cereales han experimentado una deriva negativa, especialmente acusada en el caso del trigo panificable (25,01%), de la cebada para pienso y malta (disminución de más del 25%) y del maíz en grano (rebaja en la cotización de un 26,58%). El descenso ha sido menos acusado en el caso del trigo duro (15,44 %). Todos los informes de coyuntura del Ministerio de Agricultura, referidos a la pasada semana, confirman esta tendencia a la baja en varios de los mercados nacionales más representativos y en todos los casos, a excepción del trigo duro, los precios medios se sitúan por debajo de los de las cinco últimas campañas, explican desde la organización agraria.

A ello se suma el incremento sostenido de los costes de producción que, según los datos del Ministerio, ha consolidado subidas en fertilizantes del 35% y en carburantes del 45%. En el caso del maíz, el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía ya constató un incremento de los costes de producción por hectárea que superan el 20% a lo largo de tres campañas, asegura Unión de Uniones.

La organización añade que en este escenario se confirma además el aumento de los volúmenes de importación de cereales, especialmente desde Ucrania, que lastran los precios en las lonjas estatales. Los precios del maíz importado oscilan entre los 220 y los 224 euros por tonelada, lo que tensiona de forma clara el mercado en nuestro país.

La producción estimada de trigo (blando y duro) en España para 2023 era la más reducida de los últimos 25 años, mientras que las importaciones ucranianas de trigo y centeno equivalen ya a más del 80% de la producción. En el caso del maíz, 2.574.156 toneladas son la producción prevista en 2023 para toda España y el volumen importado asciende a los 2.573.687 toneladas solo entre los meses de enero y septiembre, una cantidad prácticamente equivalente al total de la cosecha española, destacan desde Unión de Uniones.

Ganaderos afectados. La otra cara de la moneda es la evolución de los precios de los piensos pagados por los ganaderos, donde no se detectan esos descensos de cotización de los cereales con los que se formulan, ni en los piensos simples ni en los compuestos, deteriorando así la cadena de valor del sector, según Unión de Uniones.

La organización denuncia que, en este contexto, «no es razonable que con la necesidad de proteína vegetal que tiene este país los precios de los cereales sufran estas bajadas continuas presionados por acuerdos políticos que suponen una fuerte distorsión en los mercados cerealistas externos e internos». Y añade que «hay que aquilatar las magnitudes de importación con el fin de buscar una complementariedad entre la necesidad de mantener las rentas de los cerealistas, asolados por una fuerte sequía, y de los ganaderos, que demandan materia prima para la elaboración de piensos». Del mismo modo, Unión de Uniones piensa que hay que matizar «los intereses en política exterior relativos al apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia y los efectos perniciosos que ese trueque cereal-armas para sostener el conflicto está teniendo en las rentas de los cerealistas españoles».

La organización ve la necesidad de activar el fondo de crisis, contemplado en la Organización Común de Mercados Agrarios, como ya se hizo el pasado verano, de modo que se puedan arbitrar fondos de la reserva de crisis de la Unión Europea para los agricultores y ganaderos afectados por las consecuencias de la sequía y de las importaciones de cereales desde Ucrania. A raíz de aquel Consejo, celebrado a finales del mes de julio, las delegaciones de Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia obtuvieron ayudas como consecuencia del impacto que estaba teniendo en sus mercados agrícolas las importaciones procedentes de Ucrania y la Comisión Europea movilizó 330 millones de euros provenientes de la reserva agrícola de crisis en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios.