Álvaro García Ortiz se está cubriendo de gloria.

Todos los Fiscales Generales del Estado se muestran inclinados a mostrarse más sumisos que rebeldes ante el presidente de gobierno que los nombró, pero ninguno ha llegado al nivel de servilismo de García Ortíz. Ninguno. Algún día volverá a ejercer su profesión y habrá que ver entonces cómo reaccionan sus compañeros ante el papelón que cumple estos días, presto a ponerse en primer tiempo de saludo ante las instrucciones que le llegan de Moncloa.

Los periodistas nos equivocamos con frecuencia, y en esta caso la abajo firmante fue incapaz de reconocer la falsedad con la que se expresaba aquel nuevo fiscal general con el que compartió mesa al poco de ser designado. Estaba empeñado en cumplir su trabajo con la máxima profesionalidad, sin interferencias, sin dejarse llevar por presiones externas. Puso ejemplos de cómo actuar ante las situaciones delicadas que se avecinaban. Le creí, pero aquellas palabras se las llevó el viento en cuestión de días.

Nunca se ha visto en un fiscal general tanta tendenciosidad en los nombramientos, en las decisiones, en barrer para casa, para La Moncloa.

Gran parte de los fiscales con mejor trayectoria se han pronunciado contrarios a aplicar la amnistía a los independentistas catalanes condenados por malversación. Los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo elevaron un escrito a García Ortiz comprensible incluso para quienes no se mueven en el mundo de las leyes, y vieron razones sobradas en las leyes españolas y en la ley europea para impedir una amnistía en la que estaba empeñado Sánchez por razones políticas y solo por razones políticas. De ella depende su continuidad en el gobierno.

En su servilismo al todopoderoso presidente, García Ortiz no solo votó en el Consejo Fiscal en función de lo que interesaba a Moncloa, sino que permitió que votara su antecesora y gran amiga Dolores Delgado, a la que ascendió a fiscal de Sala; designación que fue revocada por el Supremo aunque aún no se había ejecutado la anulación. Aunque solo fuera por vergüenza torera, ni Delgado ni Ortiz debían haberse pronunciado en contra de lo que pedían algunos de los fiscales de trayectoria más brillante que forman parte del Consejo Fiscal. Total, para nada. Porque la decisión del Consejo no es vinculante, pero además serán los jueces del Tribunal Supremo los que decidan sobre la amnistía en cada caso.

Álvaro García Ortiz contará con un buen borrón en su trayectoria. Pero no es el único; en su sumisión a Moncloa, no ha dudado en participar activamente en la campaña del gobierno para hundir a Isabel Ayuso, y no dudó en promover que se filtraran los datos de su pareja, que negocia con la agencia tributaria la regularización de sus cuentas con el fisco.

Álvaro García Ortiz ni siquiera ha sabido moverse con una mínima inteligencia en las siempre inquietantes aguas revueltas: sabía perfectamente que filtrar esos datos era delito. Pero lo hizo. Solo le faltaba, para rematar su desprestigio, ser imputado por revelación de secretos…