Las agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no paran de crecer en nuestro país en los últimos años, hasta el punto de que en el periodo 2020-2022 se han incrementado en un 21,8 por ciento, al pasar de las 13.671 a las 16.651 del pasado ejercicio, según los últimos datos del Ministerio del Interior ofrecidos como respuesta a una pregunta parlamentaria de las diputadas nacionales del Partido Popular, Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez. 

Pero lo peor es que la situación, lejos de amainar, tiene visos de perpetuarse en el tiempo, a tenor de las cifras del ministerio que indican que hasta agosto de este año ya se habían superado las 11.300 agresiones, lo que hace temer que el cómputo total al final del presente ejercicio se sitúe por encima de las cifras de 2022. 

Una situación de la que, precisamente, no es ajena la provincia de Cuenca, donde, tras aumentar las agresiones a policías nacionales y guardias civiles un 12,9 por ciento en 2021 y descender más o menos en la misma proporción el pasado año, ahora, en los ocho primeros meses del presente ejercicio las cifras no sólo superan en una las contabilizadas en todo el 2020, sino que, además, se quedan a tan solo tres para igualar las 35 registradas a lo largo del pasado año 2022; y eso cuando aún restan por contabilizar cuatro meses para completar el ejercicio. 

Las agresiones a agentes se mantienen al alza en Cuenca - Foto: Elaboración propia

En Castilla-La Mancha, de la misma manera, las agresiones tampoco han dejado de crecer en los últimos tres años, al pasar de las 460 agresiones de 2020 a las 505 de 2022, si bien en este año la evolución por provincias ha resultado bastante más dispar, hasta el punto de que sólo Cuenca y Ciudad Real mantienen esa tendencia alcista más clara hasta agosto, mientras que el resto están viendo frenar ese crecimiento de manera notoria, sobre todo Guadalajara y Albacete, que hasta ahora arrojan 36 y 71 ataques a agentes de la autoridad, mientras que cerraron el pasado ejercicio 2022 con prácticamente el doble de agresiones, en concreto, 70 y 146, respectivamente. 

Nada que ver con lo experimentado en la provincia de Toledo, donde, a pesar de ser la que más episodios de este tipo registra, en los ocho primeros meses de este 2023 lleva 139 agresiones, mientras que en todo el 2022 llegó a las 159.

Reacción. Así las cosas, no es de extrañar que desde ambos Cuerpos, tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), muestren su malestar ante estas cifras, que, a su juicio, denotan «la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día», tal y como ponen de manifiesto en un comunicado. 

Las agresiones a agentes se mantienen al alza en Cuenca - Foto: Reyes Martínez

De ahí que ambas organizaciones no duden en insistir en «la necesidad de endurecer las penas y recuperar el principio de autoridad con urgencia para acabar con este lastre de las agresiones contra la autoridad, así como otorgar mayor protección jurídica y aumentar las penas de atentado contra Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin olvidar, por supuesto, la disposición de más medios. Y es que, según aseveran, «agredir a un agente sale gratis, ya que sólo se les sanciona con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros».

No en vano, tanto AUGC como SUP, consideran que «no se puede dejar que cada año las cifras vayan en aumento con respecto al año anterior, tal y como ocurrió en 2022, cuando se incrementaron considerablemente, sobre todo las agresiones físicas sin armas, según los datos del Ministerio del Interior».

Con este escenario, son de la opinión de que «para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles, no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica, sino también voluntad política para acabar con la discriminación de ser los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada, que se ven abocados a estar en servicio en una profesión que el Gobierno se niega a reconocer como profesión de riesgo, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes quedan excluidos de este reconocimiento», afirman.