El sector primario de Castilla-La Mancha, la agricultura y la ganadería, ocupó de media a lo largo de 2023 a 52.475 personas, según la EPA. Más de la mitad de ellas, 28.475, no son propietarios ni de las explotaciones agrícolas o ganaderas en las que trabajan ni de los tractores que se emplean en ellas.
Esas 28.475 personas son asalariadas. Trabajan en muchos casos, solo en temporadas, para algunas de las otras 24.000 protagonistas de nuestro sector primario, a cambio de un salario.
Pues bien, mientras las y los propietarios grandes, medianos y pequeños, de las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen, al parecer, muchas y poderosísimas razones para estar preocupados y enfadados con la UE, con el Gobierno de España, con el Castilla-La Mancha, con Marruecos y con Ucrania, con Mercadona y con los intermediarios, con el cambio climático y con las políticas para frenar el cambio climático, las y los asalariados a su servicio añaden un motivo más para agravar la situación socioeconómica en nuestro mundo rural: todos los convenios colectivos provinciales del campo están caducados y mantienen tablas salariales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Pedimos a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Sostenible que planteen también esta cuestión en la mesa específica en la que van a abordar con ASAJA, COAG y UPA las reivindicaciones de estas organizaciones agrarias, dado que uno de esos interlocutores, en concreto la patronal ASAJA, tiene en su mano desbloquear la negociación de los convenios agrarios de las cinco provincias de la región y actualizar los salarios.
Y emplazamos en todo caso a ASAJA en Castilla-La Mancha a asumir su responsabilidad patronal y a abordar de una vez la negociación de un convenio colectivo regional para el sector agrario. Desde CCOO creemos que hay motivos más que suficientes para que agricultores y ganaderos salgan a las calles para reivindicar más dignidad y un cambio del modelo agrario a través de sus organizaciones agrarias.
Si queremos que el sector tenga presente y futuro, necesitamos un gran pacto, que no se puede excluir a las personas asalariadas, que son es eslabón más débil de la cadena agroalimentaria. Hay que seguir reclamando tanto a las organizaciones agrarias como al Gobierno regional que las personas trabajadoras asalariadas del campo no pueden quedarse fuera del dialogo social sectorial.