El Ministerio del Interior ha explicado este viernes que la perito designada para dilucidar si existieron irregularidades en las obras y reformas en cuarteles de la Guardia Civil que están siendo investigados comunicó al juez que no podía realizar el encargo porque tenía un volumen 45 veces superior al comunicado inicialmente.

La investigación que sigue el juzgado de instrucción número tres de Madrid por presuntas irregularidades en obras de mantenimiento y reforma en cuarteles de la Guardia Civil lleva ocho meses estancada, a la espera de que se nombre un perito que haga un informe para dilucidar si las contrataciones fueron legales.

En un comunicado, el Ministerio del Interior hace un relato cronológico de esta causa que comenzó a investigar Asuntos Internos de la Guardia Civil que propició que el 31 de enero de 2019 se abrieran diligencias en un juzgado de Ávila por las presuntas irregularidades en materia de contratación en la Comandancia de esta ciudad.

Siete meses después, en agosto, el juez instructor designó un perito del Colegio de Arquitectos de Ávila, para certificar las posibles deficiencias en las citadas obras, si bien ese juzgado se inhibió posteriormente en favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Interior detalla que el juzgado de instrucción número 3 de Madrid acepta la inhibición en noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, Asuntos Internos entrega a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad un requerimiento judicial para que designe como perito para las obras restantes a un arquitecto.

"La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios solamente disponía de una persona titulada en ese ámbito, que además provenía del ámbito de Guardia Civil", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El 1 de abril de 2022, esta subdirección comunica al juzgado que cuenta con una perito que semanas después es citada por el juez, aunque "no se le proporciona ninguna documentación".

El 12 de mayo de 2022, la perito comparece en el juzgado y acepta el encargo para realizar las periciales objeto de investigación pero tras analizar la documentación y "comprobar que el volumen a peritar era prácticamente 45 veces el comunicado en un principio, y ante la imposibilidad material y técnica de poder realizarlo" comunica a Asuntos Internos y al Juzgado de que "no puede llevar a cabo el encargo".

Meses después, ya en octubre, Asuntos Internos comunica al Juzgado la disposición de la Dirección General de Patrimonio del Estado para llevar a cabo las periciales acordadas y, en noviembre, la subdirección remite "un extenso informe" al juzgado explicado "la inexistencia de técnicos habilitados, así como la ausencia de estructura territorial de apoyo, por lo que resulta inviable acceder al requerimiento judicial".

Interior concluye su relato cronológico en el 26 de enero de 2023, cuando el juzgado requiere a la Dirección General de Patrimonio del Estado que designe peritos para llevar a cabo las citadas periciales acordadas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, mantiene investigados a dos empresarios, uno de ellos el constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador y se sentará en el banquillo de un juzgado de Arrecife (Lanzarote) el 12 de abril para responder por otro procedimiento.

Los otros dos investigados en esta causa de las obras en los cuarteles son los guardias civiles Carlos Alonso Rodríguez, exresponsable de la Comandancia de Ávila, y el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que en la época a la que se refieren los hechos era subdirector general de Apoyo del instituto armado.

Los cuatro están investigados por un presunto delito de falsedad documental en relación con las obras acometidas en trece comandancias de la Guardia Civil, fundamentalmente obras de albañilería, pintura e impermeabilización de cuarteles, han precisado a EFE fuentes jurídicas.

Según consta en la investigación judicial, Asuntos Internos denunció que entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017, dos empresas domiciliadas en Canarias habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de obras en numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila.

Los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, pese a que los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían ejecutado en su totalidad, y en otros casos ni siquiera se habrían iniciado.

Las averiguaciones revelaron que en trece comandancias se habrían llevado a cabo trabajos similares incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas.