En el marco de la Unión Europea, los medios de comunicación independientes desempeñan un papel único para la democracia, contribuyendo a conformar la opinión pública ayudando a las personas a formarse opiniones y tomar decisiones informadas.  
El decretazo del Gobierno para renovar el sistema de elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que pasará a tener quince miembros, de los cuales once serán elegidos en el Congreso de los Diputados y cuatro saldrán del Senado, implica que para el nombramiento deberá haber un primer intento para obtener mayoría de dos tercios, pero en segunda ronda pueden salir elegidos con mayoría absoluta, lo que nos lleva a que el Gobierno deberá llegar a acuerdos con sus socios de investidura dejando al margen a la oposición, con todo lo que ello implica. 
En todo caso, es difícil que se pueda manipular más la Radio Televisión Española de lo que está en la actualidad, así que, en realidad, no va a experimentar grandes cambios ideológicos en la habitual programación con contenidos sectarios tendentes a abducir las mentes de los españoles con el dinero de todos. Más bien nos encontramos con un sistema efectivo para repartir carguitos bien remunerados entre los socios de investidura a cambio de la adscripción de voluntades para seguir gobernando. Además de los sueldos, no olvidemos los negocietes que un consejero puede gestionar con las productoras en aras a la búsqueda de la pluralidad participativa universal.
Lo peor de todo es comprobar la facilidad pasmosa del Ejecutivo para cambiar las reglas de juego cuando le conviene a sus intereses. Y no pasa nada. En la televisión pública española, nada más lejos de cumplirse cualquier definición de servicio público y social, cuando un medio de comunicación público debería ser, fundamentalmente, un servicio ciudadano con contenidos de calidad, útiles, independientes, imparciales, fundamentados en el pensamiento crítico y en la verdad, sin injerencia alguna del Gobierno mediante 'periodistas' palmeros totalmente sometidos a la causa y al servicio del poder, sin credibilidad alguna y con ánimo de adoctrinar a una sociedad pazguata, decadente, indecente, que está muy lejos de exigir calidad, independencia y rigor. 
Y tengo para todos. Lamentablemente la tendencia en las televisiones autonómicas es la misma, sean del color que sean. Las instituciones y las normas de control de los contenidos constituyen la única posibilidad de las televisiones públicas para lograr y mantener el pluralismo, lo que se revela casi como utópico. El control económico y político, ligado de este modo al control informativo y programático afecta gravemente al pluralismo que se dice defender y, como consecuencia, a los fundamentos mismos de la democracia. 
Los medios públicos se pervierten y la democracia se debilita, como ahora con Radio Televisión Española, que no es más que una caja boba al servicio del poder.