Se ha quedado un buen día para recordar lo que pasó este verano en diferentes rincones de España, también en Castilla-La Mancha. La eliminación de los denominados puntos violeta provocó la protesta política y social de una parte de la izquierda que había callado hasta entonces por las consecuencias de la ley del sólo sí es sí. Asumieron en un disciplinado silencio la excarcelación de más de un centenar de delincuentes sexuales, pero era intolerable que se suprimieran esos espacios, gestionados y pagados mayoritariamente por los ayuntamientos como un «lugar seguro en el que víctimas de la violencia machista pueden acudir para ser atendidas, apoyadas y acompañadas», según la información de la web del Ministerio de Igualdad. En algunas ciudades, durante las fiestas o en eventos multitudinarios, se coloca una pequeña carpa con una mesa con pegatinas, globos, chapas y material didáctico. Como las mesas del Día del Domund, aunque sin pedir nada. El verano pasado, las nuevas corporaciones municipales de Guadalajara y de Talavera de la Reina entendieron que el coste de ese servicio y su utilidad no iban de la mano: un asesino no deja de actuar por ver un tenderete morado. A los que retiraron esos puntos les acusaron de dejar completamente indefensas a las mujeres, deslizando una presunta incompetencia de los agentes desplegados en esos espacios festivos para atender una denuncia por agresión sexual o violación.
No ha pasado ni un año de aquella polémica y ha saltado el escándalo en torno a estos puntos violeta. Las sospechas acorralan a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, que es un alto cargo del Ministerio de Igualdad. Junto a su pareja tiene un conglomerado de empresas que se dedican a gestionar estos espacios y la casualidad ha querido que hayan recibido 64 adjudicaciones de ayuntamientos por un valor total cercano a los 250.000 euros. Las empresas de García y su mujer han tenido la habilidad de trabajar siempre con Ayuntamientos gobernados por el PSOE, que, en una maniobra que apesta a estiércol, han ido troceando los contratos para no tener que someterse a concursos públicos. Su habilidad era de estudio. En San Fernando de Henares, municipio de la Comunidad de Madrid gobernado por los socialistas, entre enero y marzo de este año ganaron dos concursos a los que se presentaron tres ofertas de tres empresas vinculadas a ella. 
Este escándalo no apuntala el discurso negacionista al que siempre recurre el ministerio de Igualdad para ocultar sus tremendos fracasos. En cambio, confirma que la lucha contra la violencia machista no se vence con más dinero sino con más inteligencia, algo que no abunda en un departamento cuyo presupuesto no ha parado de crecer. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Fueron nueve más que en el año anterior.  Esto contrasta con el dinero que viene manejando este departamento, gestionado la pasada legislatura por el club de Irene Montero y ahora por una ministra desconocida para la gran mayoría llamada Ana Redondo.  Las cuentas del estado les dejaron 525 millones de euros en 2022 y 573 millones de euros en 2023, en una cifra -como se encargaron de señalar en su momento- histórica.
Es un problema que se ha convertido en sistémico y en el que las políticas públicas están fallando de forma clamorosa. Sólo en lo que llevamos de año van 27 mujeres asesinadas, una cifra que -tristemente- se habrá quedado vieja cuando leas este artículo. Desde el Ejecutivo se han limitado a señalar a la derecha y a Vox, después de haber comprobado que esa maniobra de extender una sospecha de culpabilidad sobre todos los hombres se les estaba volviendo en contra. Antes de querer meter aún más la cuchara en los medios de comunicación, conviene entrar de lleno en un asunto prioritario que debería avergonzar a los que lo gestionan.