Con los funcionarios ocurre lo mismo que con la caja de bombones de Forrest Gump: nunca sabes el que te va a tocar. Lo confirmé este lunes en una cita administrativa. Allí estaba él, colmado de paciencia y simpatía y, nada más sentarme, la primera en la frente: «A ver si cogen bien las citas». Pecado mortal el mío. En el desglose para la reserva online, no aparece el trámite concreto que tenía que formalizar y no acerté. Podía haber entrado en su juego frentista, afeándole la imprecisión del catálogo de citas, además de recordarle que me habían atendido 45 minutos después de la hora asignada. No fue el caso. Agaché las orejas, le miré con cara de cordero degollado y decidí zanjar el asunto: «Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir».
Hay una costumbre cada vez más extendida de reprender al ciudadano. Da igual que sea contribuyente o cliente, dos condiciones que, aunque tengan matices distintos, terminan coincidiendo en una cuestión: te va a tocar pasar por caja directa o indirectamente. En el segundo caso tienes la opción de no volver y buscar el que te ofrezca el servicio sin apercibirte. En el ámbito de la administración, en la mayoría de los casos, no es posible. Y luego está la política, donde la tercera autoridad del Estado aparca a diario la neutralidad a la que le obliga la ley y no duda en abroncar al que osa a votar diferente a los intereses del que la colocó en el cargo.
De esta actitud se han contagiado también en la Justicia, con magistrados que acostumbran a regañar a los que se enfrentan a un juicio o a un simple interrogatorio en la fase de instrucción. Esto también ocurre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: «Si me va a multar, señor agente, al menos no me riña». Pues con los jueces, lo mismo. Da igual que seas la parte acusatoria o el acusado, porque la presunción de inocencia, aunque se entierre con demasiada frecuencia, debería ser un principio inalterable.   
Al juez Adolfo Carretero se le conoce por su trato áspero con investigados y denunciantes. Es el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y está señalado -ya veremos si el Consejo General del Poder Judicial le expedienta- por el trato que dio en el interrogatorio a Elisa Mouliaá, la mujer que ha denunciado al ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón, al que acusa de agresión sexual. Al abogado de Mouliaá no le ha sorprendido y ha apuntado que ciertos interrogatorios son necesarios para que la denunciante no caiga en contradicciones ni tampoco se derrumbe. En cambio, la ministra de Igualdad, le ha sentenciado: «Este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección. El juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima».
En este caso, se ha puesto sólo el foco en el trato que el magistrado Carretero ha dado a la actriz Elisa Mouliaá, sin reparar en que Íñigo Errejón tuvo un interrogatorio plagado de interrupciones y repreguntas, con un tono idéntico al que, con apenas una hora y media de diferencia, empleó con la supuesta víctima. Por muchas ganas que se le tenga a Errejón, tiene derecho a la presunción de inocencia y, en el caso de la actriz, de un juez se espera siempre un tacto especial con alguien que está denunciando una agresión sexual, sin que eso impida confrontar para aclarar la verdad. De poco sirve reñir y mucho menos humillar.